¿Una Superintendencia para el mercado o para la Educación?

La creación de una Superintendencia de Educación es una aspiración planteada persistentemente por el Colegio de Profesores y otros sectores ligados a la educación. Ya el año 1997 el 1er Congreso Nacional de Educación organizado por el magisterio planteó esta propuesta en el sentido de introducir mayores regulaciones a un sistema descentralizado y en el que progresivamente el sector privado va adquiriendo un mayor tamaño y cobertura. Precisamente, el carácter descentralizado del sistema así como su progresiva privatización, van generando inequidades y una estratificación social que son reconocidas tanto por observadores externos (OCDE, 2004), como por las propias autoridades de gobierno (Informe Brunner, 1994) . La citada Superintendencia, en este sentido, vendría a jugar un papel regulador, que por la vía del control en el uso de los dineros públicos, la limitación del lucro (que es uno de los objetivos de la actual LGE), el control de legalidad de los actos de sostenedores y la supervisión técnica y pedagógica, pudiera, en parte, corregir estas perversiones de nuestro sistema educacional. El anuncio de la presidenta Bachelet y los alcances de la propuesta hechos por la ministra Provoste, sin embargo, preocupan en tanto que la Superintendencia no cumpliría dicha función reguladora sino en lo que concierne estrictamente al intercambio entre consumidores y los prestadores del servicio educacional, limitándose a regular la competencia sobre el falso supuesto de que no hay diferencia entre ellos, sean estos privados o públicos. En este sentido, la propuesta del Gobierno, elude el debate que él mismo ha instalado a través de la LGE respecto del lucro en educación. Esto, pues viene a tratar en igualdad de condiciones a sostenedores públicos y privados, cuando son sólo estos últimos quienes lucran con la educación y quienes por consiguiente debieran ser sometidos a regulaciones más estrictas. La Superintendencia, además, podría ser una herramienta que fortaleciera la regulación de la profesión docente, en tanto que sólo en 52 municipios - aquellos que cuentan con Corporaciones Municipales, mientras los restantes son departamentos de educación municipal- de los 342 de todo el país, los profesores pueden acudir a las inspecciones del trabajo para interponer denuncias por incumplimientos a sus contratos o cuando se vulneran sus derechos laborales, salariales y previsionales. Finalmente, nos parece un desacierto que se le otorgue la facultad de cerrar escuelas por motivos académicos. Además de ser una medida que afectará a los más pobres pues son las escuelas que atienden a estos sectores las que obtienen los puntajes más bajos del SIMCE, es aplicar una medida administrativa que no resuelve un problema que es estrictamente educacional y que se explica por un financiamiento inadecuado en tanto no se basa en las necesidades del sistema educativo sino en variables de mercado y en una administración que ha fomentado un afán de lucro inescrupuloso en el caso de los sostenedores privados y el clientelismo político en el de los alcaldes. Por lo tanto, sostenemos que si no hay un cambio en el marco regulatorio como lo ha planteado la Presidenta en el informe al Congreso Pleno y como lo establece la nueva Ley General de Educación, la Superintendencia no pasará de ser una mera formalidad y no cumplirá tampoco la finalidad que la presidenta ha planteado en su mensaje y que tanto profesores como estudiantes hemos demandado. Directorio Metropolitano Colegio de Profesores de Chile A.G.