Cierre de escuelas municipales, ¿Mejor educación?
Con estupor, nos hemos enterado que el día de ayer, viernes 20 de abril, la Asociación Chilena de Municipalidades, respaldando lo que ya antes anunciara el alcalde de Valparaíso, señor Aldo Cornejo, advirtió respecto de la posibilidad de que cierren escuelas de su dependencia, en todo país, a partir del 21 de mayo. Resulta paradójico, por decir lo menos, que las autoridades a cargo de la educación pública hagan semejante advertencia a días de el envío al Parlamento del proyecto de Ley General de Educación, proyecto que ha puesto en el centro del debate nacional aquello que por tantos años profesores, estudiantes secundarios y universitarios hemos planteado: cambios efectivos en la educación pasan necesariamente por la derogación de la LOCE, entre otros aspectos, y no solamente por el aumento de los recursos entregados a los alcaldes. El proyecto en cuestión viene a saldar una deuda histórica de los gobiernos de la Concertación con la democracia y las promesas que hizo al país hace diez y siete años. En este sentido, el Gobierno se hace cargo de una demanda social largamente postergada, la que de no ser por la valiente lucha de los estudiantes secundarios el 2006, seguiría siendo probablemente ignorada. Por lo mismo, esta ley expresa el difícil momento que atraviesa el país y al que ha sido arrastrado por políticas neoliberales que excluyen y profundizan las abismantes inequidades de un sistema en que el mercado lo domina todo, situaciones a las que los alcaldes no se refieren en su declaración. Valoramos, por lo tanto, el que el gobierno envíe un proyecto de ley que regule en ciertos aspectos el sistema educativo: que limite el lucro con un derecho humano básico y la selección de alumnos; que elimine el Consejo Superior de Educación, que reconozca modalidades como la educación de adultos y especial, aspectos que debieran ir de la mano de reformas profundas al sistema de financiamiento y no sólo al aumento de los montos de la subvención –como reclaman los alcaldes-, una modalidad que reemplace la colapsada administración municipal y el fortalecimiento de las funciones del MINEDUC, lo que pasa por la creación de una Superintendencia que apoye al ministerio, y no que lo remplace. Lo que está en discusión en todo el país, es el carácter del sistema educacional que Chile necesita. Esto pasa por redefinir el rol del Estado, la definición de lo público y las limitaciones del mercado y los mecanismos de participación de la comunidad educativa, entre otros. La reacción destemplada de la derecha y su vehemente preocupación por la calidad de la educación, solamente esconde su temor a debatir estos temas y su complacencia con el carácter excluyente y elitista de un sistema educativo que reproduce una sociedad igualmente excluyente y elitista. Por consiguiente, hacemos un llamado al país, a las organizaciones sociales y a los sectores democráticos, a profundizar el debate sobre la reforma a la educación, debate que debe considerar también los cambios del sistema político, piedra de tope para democratizar la educación y de las demandas por las que legítimamente venimos luchando las comunidades educativas hace tantos años: carrera profesional y estatuto único para los profesores, resolutividad para los consejos escolares y representación efectiva y con respeto por la autonomía de las organizaciones estudiantiles y de trabajadores. Es sobre esto que los alcaldes deben pronunciarse, en lugar de chantajear con el cierre de las escuelas. Mientras los alcaldes no se pronuncien claramente respecto la política de financiamiento, la administración del sistema, los mecanismos de participación, la carrera profesional y un estatuto único para los trabajadores de la educación, sus amenazas no pasarán de ser una extorsión para obtener más recursos, recursos que no siempre benefician a la educación.
