La Contraloría ordenó realizar varios sumarios en el Ministerio de Educación (Mineduc), luego de constatar que se usaron recursos fiscales para pagar postgrados (magíster y doctorados), hecho que está expresamente prohibido por la ley.
La decisión del organismo fiscalizador afecta a la administración de Mónica Jiménez.
De acuerdo al dictamen 18.968 del 12 de abril pasado la entidad revisora acreditó que tres personas fueron favorecidas con dineros para efectuar el tipo de estudios antes citados, con cargo al Fondo de Becas de Educación Superior (FBES) del Mineduc.
En el documento aparecen Robinson Monsalves Novakovic, Eduardo Toro Jara y Ana Varas Largo, solicitando que la Contraloría reconsidere un dictamen de 2008 que impedía el pago a los centros de estudios superiores, principalmente las universidades de Chile y Católica, respectivamente.
En una larga respuesta -de 5 páginas- la entidad dirigida por Ramiro Mendoza analizó la respuesta del Mineduc, que acreditó que el pago a estas tres personas es anterior a la vigencia del dictamen de 2008, por lo que, usando un criterio de buen servicio, como se conoce en el lenguaje administrativo, autorizó los pagos.
De todas formas le hizo ver al Mineduc que pagar postgrados “implicaría beneficiar a personas que ya poseen una formación en el nivel educativo superior, lo que se opone al mandato de eficacia en la utilización de tales emolumentos públicos”.
“Las autoridades y funcionarios que integran la Administración, deberán observar los principios de eficacia y eficiencia en su actuar, y velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos”, insiste el documento.
La entidad concluye que con su actuar el Mineduc “ha incurrido en un incumplimiento sostenido y manifiesto de la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría”.
