¿Panel de expertos o panel doctrinario para la educación?.
Junto con reconocer algunos propósitos que pueden ser ampliamente compartidos, como el aseguramiento de la calidad, la profesionalización de la función directiva, la transparencia y el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los profesores, las propuestas contenidas en el citado informe, también generan preocupación, rechazo y una gran zona gris con múltiples interrogantes.
Un aspecto cardinal, en lo político, consiste en la composición del Panel encargado por el Presidente de la República de elaborar el mencionado informe. Sus integrantes son: Julia Alvarado, José Pablo Arellano, Mariana Aylwin, Harald Beyer (coordinador), Andrea Krebs, Patricia Matte, Sergio Molina, Jaime Pavez, Pilar Romaguera, Pedro Pablo Rosso, Pablo Zalaquett y el omnipresente José Joaquín Brunner.
Si bien es cierto, participan de esta comisión cuatro ex-ministros de la Concertación y una Sub –Secretaria, lo que podría interpretarse (erróneamente) como una expresión de pluralismo, sus integrantes representan, en forma predominante, un discurso liberal, descentralizador, receloso de la capacidad del Estado.
Claramente este equipo, siendo muy respetable en lo profesional, no constituye una expresión de pluralismo frente al tema de la educación en Chile, omitiendo por ejemplo, a actores claves en el tema como el colegio de profesores, rectores de universidades y especialistas que no pertenecen al mainstream en políticas públicas. Si bien es cierto, participan de esta comisión cuatro ex-ministros de la Concertación y una Sub –Secretaria, lo que podría interpretarse (erróneamente) como una expresión de pluralismo, sus integrantes representan, en forma predominante, un discurso liberal, descentralizador, receloso de la capacidad del Estado y simpatizante en lo práctico o conceptual de la lógica del mercado. Estos expertos comparten, en general, una gramática sobre-adaptada al mercado desde la segunda mitad de la década de 1980, en los casos más recientes, plagada de herramientas provenientes del pensamiento económico, que agota su imaginación frente al diseño de políticas públicas en los fetiches de la competitividad y los incentivos.
Tal como si las soluciones de compromiso, la cooperación, la cultura, los factores idiosincráticos y lo público fueran conceptos totalmente gaseosos o superados históricamente. El Presidente de la República y el Ministro Lavín deben entender que este equipo constituye solo “una visión” frente a las reformas pendientes en educación.
Respecto de los contenidos, este Primer Informe del Panel de Expertos se ha orientado a formular propuestas para el mejoramiento de la profesión docente en el sistema escolar. El panel ha organizado sus propuestas en tres ejes: Formación Inicial Docente, Carrera Docente y Rol de Directivos.
En materia de formación inicial docente, existen, a mi juicio, incentivos claramente mal diseñados. Por ejemplo, el informe propone otorgar becas que cubran la totalidad del arancel de referencia de las carreras de pedagogía a los estudiantes que obtengan más de 600 puntos en la PSU y que se matriculen en programas que exijan un puntaje mínimo de 500 puntos. Sin embargo, se agrega que este beneficio deberá reintegrarse al Estado en los casos que los estudiantes no terminen su carrera. Lejos de constituir un incentivo, este mecanismo es un factor que contribuirá a elevar el riesgo de estudiar pedagogía, pues el estudiante que ha obtenido un puntaje PSU de excelencia podría optar a obtener becas para ingresar a otras carreras sin el riesgo de la devolución del beneficio.
Respecto de la carrera docente, el informe propone que, siguiendo la experiencia de profesiones como medicina y derecho, se deberá exigir un examen final habilitante para autorizar el ejercicio profesional de los futuros docentes. La argumentación del panel resulta inexacta pues, si bien es cierto que medicina y derecho poseen “exámenes habilitantes”, resulta impensable proponer en estos ámbitos, sin mediar una fuerte reacción gremial, que este examen sea la barrera de entrada a la profesión para egresados de otras disciplinas, o se promueva públicamente la importación de profesionales extranjeros. Concretamente, el Panel propone llenar vacantes de profesores y directivos con licitaciones internacionales. Ambas medidas están contenidas en este informe y representan un consenso de mediano plazo, pues constituyen iniciativas propuestas durante los últimos gobiernos de la Concertación.
Además, habría que señalar que si el aumento de remuneraciones para los profesores resulta atractivo, el examen habilitante, sumado a la oportunidad de otras profesiones de reconvertirse y el incentivo a la llegada de profesores extranjeros, se generaría un nuevo mercado (post-universitrario). Todas estas medidas transformarán a la profesión docente en una disciplina crecientemente precarizada, incierta, y acorralada por incentivos mal diseñados. ¿Es posible pensar medidas semejantes frente a profesiones con mayor poder gremial? ¿Se puede esperar que la profesión de profesor gane en dignidad y respeto frente a la sociedad, considerando estos incentivos asfixiantes?
Finalmente, en relación al rol de los directivos, se advierte el propósito de profesionalizar esta función, convirtiendo al Director en el principal actor del proceso educativo. El informe contiene múltiples propuestas para alcanzar este objetivo, como la creación de un programa internacional para la formación de directores, entre otras medidas. Sin embargo, en el caso de transformar a los directores en los principales actores de las reformas propuestas, valdría la pena que los expertos respondieran ¿Mediante que procesos de aprendizaje se construirá el concepto de sociedad y ciudadanía? ¿De qué manera el Estado resguardará aquellos valores mínimos que constituyen nuestro cemento normativo común? ¿O estamos condenados a vivir en una sociedad de guettos y particularismos insuperables? ¿De qué manera el Estado evitará que la educación contribuya a aumentar la atomización de la experiencia social?
Sabemos que si los directores son los pivotes de la educación primaria y segundaria en Chile, nuestro sistema escolar podría llegar a ser equivalente a la agregación de 345 proyectos distintos (un proyecto distinto por comuna). ¿El país quiere esto? Llama la atención que en este panel de expertos recelosos del Estado y simpatizantes de la descentralización, se les dé un cheque en blanco a los sostenedores, lo que podría convertir a estas propuestas en un perfeccionamiento y una profundización (¿blanqueo final?) de la municipalización. La realidad de la mayor parte de las comunas del país es distinta a la imagen ideológica de los expertos. En la mayor parte de las comunas, los municipios arrastran, por décadas, grandes dificultades de financiamiento, tienen problemas de recursos humanos, no logran generar nuevos ingresos vía proyectos e innovación y no han desarrollado un concepto denso respecto de que educación requiere su comuna y el país. Este panel no se pronuncia respecto de cómo generar esas capacidades. Tampoco señala cómo se erradica el clientelismo de las prácticas de los sostenedores, situación que resulta asfixiante y promueve el inmovilismo, la apatía y la obsecuencia de los profesores frente a la autoridad comunal.
En suma, el informe del panel de expertos contiene un conjunto de incentivos de muy discutible coherencia y eficiencia, medidas para mejorar la gestión, pero nada o muy poco respecto de los contenidos para una política de mejoramiento del sistema escolar. No existen estrategias para alcanzar soluciones cooperativas y de compromiso, solo se espera obtener respuesta de los actores individualistas y egoístas incapaces de comprometerse en un proyecto colectivo. Tampoco existen propuestas para administrar el pluralismo y las diferentes visiones frente a la educación en nuestra sociedad. Nuestro país requiere frente a este y otros temas de política pública, más pensamiento contra adaptativo, menos fetichismo conceptual, mayor imaginación y mayor audacia política.
